Movimiento de los Indignados (2ª Asamblea)

LA PACIENCIA DE LOS TRABAJADORES SE HA TERMINADO. Con el escándalo de la financiación ilegal y los sobresueldos que afecta directamente al gobierno de la nación, la degradación moral de los políticos profesionales y de las instituciones liberales ha superado con creces el límite de lo tolerable por los ciudadanos. Ya no se trata de casos singulares que pudieran ser considerados una excepción más o menos aislada: el estamento político, por activa o por pasiva, debe ser calificado de corrupto en su totalidad. El Estado español funciona como un cártel de organizaciones criminales mafiosas dirigidas por Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba, Artur Mas y otros capos regionales. Ninguno de los partidos actuales está libre de culpa, ni siquiera Izquierda Unida. Sólo aparecen “limpias” las siglas en fase de crecimiento electoral o las que han sido incapaces de usurpar algún enclave de poder, y éstas más por inepcia que por honestidad.

Tal evidencia golpea la conciencia del ciudadano medio en plena crisis económica. Una auténtica debacle social  afecta, con el desmantelamiento galopante del Estado de Bienestar, a la mayoría de los trabajadores del país. Nada menos que seis millones de parados erígense en abochornante testimonio de cargo contra un “casta” política que, junto a su notoria inmoralidad, ostenta el reprobable demérito de la incompetencia, la ignorancia supina y el más ridículo analfabetismo funcional. El politiscastro de la Piel de Toro es, en suma, en el mejor de los casos, tan vago, desvergonzado, mentiroso y ladrón, cuan incapaz, inculto, prepotente e insensato. En el peor, un criminal cómplice de delitos de lesa humanidad tipificados en el juicio de Nüremberg (v.g.: José María Aznar). Carentes de toda autoridad moral para exigirles a los ciudadanos que se aprieten el cinturón o hagan sacrificios, el único servicio que los políticos y los sindicalistas pueden hacerles ya a sus representados es exiliarse en el extranjero. Son, la plaga, entorno a unos 50.000 parásitos: si les queda algo de dignidad, ¡que se vayan!

El pueblo, ciertamente, estaría dispuesto a arrimar el hombro para levantar el país, pero nunca jamás a las órdenes de personajes como los hijos de Jordi Pujol. Los trabajadores, antes de que se nos imponga un solo sacrificio más, pedimos:

(a)    que los responsables de la crisis dimitan de sus cargos;

(b)   que los políticos profesionales sean procesados judicialmente e inhabilitados a perpetuidad para toda función gubernamental o administrativa;

(c)    que los saqueadores del erario público devuelvan lo robado;

(d)   que los culpables de la quiebra moral y económica del Estado sean encarcelados cuando así lo establezca una sentencia condenatoria, sin que puedan acogerse a indultos, terceros grados o cualesquiera tratos de favor discrecionales por parte del gobierno.

En la actualidad puede afirmarse que no vivimos en una genuina democracia, sino que somos súbditos de una dictadura encubierta donde es necesario mendigar permiso a los corruptos (solicitud de avales firmados por cargos institucionales) para poder presentar candidaturas a unas elecciones generales. Después de este silencioso golpe de Estado, cabe ya definir sin ambages al régimen actual como un sistema oligárquico controlado por una pandilla de delincuentes. Enquistada en el poder cual invasión de garrapatas para vampirizar a la ciudadanía, dicha oligarquía es el problema número uno del pueblo español. Por tanto, después de la amarga experiencia de los últimos años, el objetivo prioritario de toda acción política tiene que ser constituir una democracia popular participativa donde los trabajadores y la gran masa de la población vean amparados sus intereses morales y materiales contra los criminales que nos gobiernan.

CAMBIO DE RÉGIMEN, NO SÓLO DE GOBIERNO. En efecto, ya no se trata de votarle a un político “diferente” para que ocupe el lugar del anterior y haga exactamente lo mismo que han venido haciendo sus colegas hasta el día de hoy. Ha llegado la hora de promover un cambio de régimen. Ningún gobierno monárquico puede resolver ya los graves problemas de legitimidad que afectan a las instituciones de la Constitución de 1978. La Carta Magna está muerta. La sociedad española debe emprender un proceso de regeneración democrática y una segunda transición. El país necesita una nueva constitución y ésta habrá de ser establecida por el poder constituyente de los ciudadanos, es decir, al amparo del sagrado principio de la soberanía popular al que también el Rey tendrá que someterse.

Por todo ello, los ciudadanos y trabajadores españoles exigimos:

(a)    la abdicación del rey;

(b)   referéndum monarquía/república;

(c)    dimisión del gobierno actual y convocatoria de elecciones generales para la formación de un gobierno provisional de transición a la democracia (donde sólo podrán presentarse a listas electorales, siempre abiertas, personas que nunca hayan ocupado con anterioridad ningún cargo político remunerado, ya sea electo, ya de libre designación);

(d)   abolición del Senado, de la Casa Real, de los parlamentos, de las diputaciones y de todos organismos, fundaciones e institutos cuya única finalidad sea la colocación de correligionarios, amigos, familiares, amantes y otros clientes del estamento político oligárquico;

(e)    causa general contra los políticos corruptos (procesamiento y prisión para los responsables de la crisis económica, moral e institucional de nuestra sociedad);

(f)     nueva ley de partidos políticos que democratice estas organizaciones y permita un control asambleario real de los cargos electos;

(g)    elección de una Asamblea Nacional dotada de poder constituyente para la acuñación de una constitución democrática.

(h)   referéndum constitucional que ponga fin al régimen oligárquico heredero del franquismo.

Todo ello será el resultado de una movilización ciudadana que enarbole la abdicación del rey como reivindicación unitaria y simbólica del pueblo hispánico, cuya realización tiene que conllevar la aplicación progresiva pero forzosa del resto de las medidas apuntadas.

DERRIBAR EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO DE FORMA PACÍFICA. La revolución democrática tendrá que ser pacífica o no será, de manera que estamos obligados a apartar a todos aquellos individuos o grupos que ensalcen o practiquen de facto la violencia, la injuria o la coacción. Las directrices generales de actuación serán las siguientes:

·         Los ciudadanos deben llenar las plazas y calles de todo el país siguiendo el ejemplo de los antiguos indignados, pero bajo la sola reivindicación política constituyente ya señalada. Cualquier matiz ideológico añadido, de derechas o de izquierdas, tendrá como única consecuencia la división de la soberanía popular y el fracaso de las movilizaciones.

·         Cuando la policía desaloje a los manifestantes, será menester no resistirse activamente a la represión, sino trasladar la protesta a otro lugar de la localidad. La participación masiva tiene que provocar, por inercia del simple factor numérico abrumador, la ineficacia de las fuerzas policiales al servicio de la oligarquía.

·         Los indignados impediremos los ataques a las personas, sean o no agentes del orden, y al mobiliario urbano o la propiedad. Detectaremos a los provocadores y los pondremos en evidencia para que no puedan realizar su labor de colaboración con el régimen, consistente en justificar la represión policial y judicial. Evitaremos los liderazgos vitalicios. El movimiento debe ser asambleario; su dirección, colectiva. Nuestra seña de identidad será siempre la figura de un indignado anónimo.

¿POR QUÉ HAN FRACASADO LOS INDIGNADOS? La Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA) ha analizado las causas ideológicas del fracaso de los indignados en un libro titulado La manipulación delos indignados. Stéphane Hessel y la decadencia del movimiento 15 de mayo (Madrid, 2012). Esta obra da cumplida respuesta a casi todos los escritos de Hessel. Las responsabilidades del desastre recaen sobre el propio “movimiento 15 de mayo”, que desde sus inicios puso las movilizaciones al servicio de "la izquierda  del sistema". No se erigió una reivindicación política unitaria, mucho menos constituyente, sino simples y múltiples peticiones de derechos sociales incapaces de generar la más mínima inquietud en la oligarquía. El “movimiento 15 de mayo” tuvo la oportunidad de rectificar sus errores el pasado mes de mayo, pero persistió en su actitud y recibió por ello los encendidos elogios de todos los partidos políticos corruptos con representación parlamentaria. Las movilizaciones indignadas bajo la directriz del “movimiento 15 de mayo” o de las plataformas “¡En Pie!” u otras han combinado, con una inepcia verdaderamente asombrosa, el carácter políticamente inocuo y fragmentario de las consignas con el empleo de la violencia callejera perpetrada por energúmenos de la peor calaña, que justificaban acto seguido las brutales intervenciones de la policía. En definitiva, el movimiento indignado ha fracasado por culpa de sus actuales organizadores, quienes lo utilizaron como válvula de escape de las tensiones sociales y pólvora mojada a la espera de rentabilizarlo electoralmente con un nuevo “gobierno de coalición” formado por el PSOE e Izquierda Unida.

POR UNA IZQUIERDA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES. La Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA) no es un nuevo partido político que reclame tu voto para obtener cargos institucionales y olvidarse luego de ti. La INTRA es una organización asamblearia, debidamente legalizada, cuyo único fin es promover las medidas propuestas en el folleto que tienes en tus manos. En la INTRA no hay “jefes” ni candidatos a poltronas: sus miembros son indignados agrupados en asambleas locales para reclamar el cambio de régimen. Los liderazgos se forjan de manera concreta en cada acto asambleario y no se traducen en nombramientos permanentes. La INTRA aspira a una refundación del movimiento indignado (2ª Asamblea) independiente del 15-M y de todos los grupúsculos violentos que hasta ahora lo han saboteado desde dentro.

SEDE SOCIAL Y SERVICIO JURÍDICO. La Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA) dispone de un local social en la calle Alemanya, 16 E, de Figueres (Girona), así como de un servicio jurídico gratuito para todos los afiliados. Nuestra intención es defender, desde fuera de las instituciones corruptas actuales, los intereses de los trabajadores castigados por la crisis. Esta voluntad genérica se concreta en tareas como denunciar los casos de corrupción, combatir los abusos del poder, apoyar a los más afectados (desahucios, paro) y, en general, concienciar a los ciudadanos de que podemos cambiar la situación si nos organizamos de forma solidaria y desinteresada para luchar por nuestros derechos. La INTRA de Figueres se reunirá todos los viernes en su local social de 18 a 20 h a partir del mes de septiembre.  

Teléfono: 660236502

E-mail: intra@intra-e.com

INDIGNADOS SEGUNDA ASAMBLEA, Figueres, 19 de agosto de 2013