Amnistía Internacional, con una prepotencia que en nada la distingue de los gobiernos a los que dice criticar pero en realidad sirve lacayunamente, nos respondió, después de 5 años ignorando la denuncia, que no aceptaba "amenazas" (la supuesta amenaza consistía en publicar la presente queja si no se respondía razonadamente al informe de ADECAF de enero de 1999, donde ya se anticipaba lo que iba a suceder si no se detenía el avance del sindicalismo corporativista). El motín poco cambió las cosas. Amnistía Internacional, en su informe anual de 2004, recogió algunos de los elementos del informe presentado por la Universidad de Barcelona en octubre de 2003, pero ocultó que el informe de la UB hacía mención expresa del informe de ADECAF de 1999. O sea, que durante años AI dispuso de la misma información que la UB, procedente de ADECAF, pero no hizo nada. Y sólo cuando la UB publicó esa información, AI la dio por buena, aunque censurando el tema del corporativismo sindical y las siglas implicadas en esta suerte de red mafiosa.
En la actualidad, la causa por las torturas de Quatre Camins duerme el sueño de los justos en algún tribunal, y Amnistía Internacional sigue callando la impunidad de lo sucedido.
DENUNCIA
CONTRA VERONIKA NELSON Y GILLIAN FLEMING (INTERNATIONAL SECRETARIAT DE A. I.) POR CONOCER Y HABER IGNORADO GRAVES VULNERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS PRISIONES CATALANAS (ESPAÑA)
La abajo firmante, funcionaria de la Generalitat de Catalunya y miembro de la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF), quiere poner en conocimiento de los órganos disciplinarios de la organización arriba referenciada los siguientes:
HECHOS
1.- EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA SOBRE HECHOS GRAVES A LA QUE EL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LONDRES NO HA DADO RESPUESTA.
En verano de 1998, ADECAF presentó ante Amnistía Internacional Catalunya un informe en lengua catalana titulado precisamente Informe ADECAF a Amnistia Internacional. El tema de dicho informe era el sindicalismo penitenciario y más en concreto la sección sindical de prisiones de la central USO o USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya). A lo largo de unas treinta páginas se argumentaba y probaba mediante abundante documentación que esta sección de prisiones estaba promoviendo en Cataluña una política contraria a la rehabilitación de los reclusos. Además, se adjuntaban pruebas relativas a la implicación de un alto dirigente sindical en un caso de malos tratos posteriormente confirmado por los tribunales. Queremos recordar que el sindicato USO, hecho también probado mediante multitud de documentos aportados con posterioridad al informe, mantenía estrechos contactos políticos, personales y financieros con el partido en el poder, Convergència i Unió (CiU), hasta el punto de que el secretario de formación de USO, Sr. Ignasi de Gispert, era hermano de la ministra de justicia del gobierno local, la honorable Núria de Gispert.
En una conversación privada telefónica con Jordi Montaner i Maragall, presidente de AI Catalunya, este señor admitió que en las cárceles catalanas “AI no ha hecho nada” desde los traspasos de competencias en el año 1985. Ésta es ya una afirmación que debería contrastarse y explicarse, pues parece merecedora de una investigación por parte de los órganos disciplinarios competentes. En el mismo sentido, podemos probar que en el año 1996 un miembro de ADECAF publicó un artículo en el diario AVUI donde se denunciaba al sindicato USO Prisiones por su política contraria a la legalidad. Y también podemos probar que en el año 1997 el diario EL PAIS publicó el artículo "Mano dura con los presos", firmado por Xavier Horcajo, donde se denunciaban los mismos hechos, sin que Amnistía Internacional Catalunya emprendiera ninguna acción para verificarlos. En cambio, el Sr. Montaner invertía tiempo y dinero de la ONG en la edición de trípticos donde se planeaba la ociosa cuestión del “fet diferencial de Amnistía Internacional Catalunya”. Conviene añadir que la mencionada llamada telefónica fue nuestro último contacto con el Sr. Montaner, el cual, sin mediar explicación ni incidente alguno, eludió a partir de entonces toda relación con ADECAF. Nuestra desconfianza hacia esta ONG procede, por tanto, de una experiencia penosa que los acontecimientos posteriores no han hecho sino confirmar.
El Informe ADECAF fue ignorado por Jordi Montaner i Maragall durante más de seis meses, hasta que, en diciembre de 1998, tuvimos que “amenazar” a los responsables del fraude con denunciarlos ante el Secretariado Internacional de Londres si no daban una respuesta razonada a nuestra denuncia. Inmediatamente, el 28 de diciembre de 1998, una voluntaria de la vocalía jurídica redactó una carta que fue enviada al director general de prisiones, Sr. Ignasi García Clavel. En dicha misiva se comunicaba el traslado a Londres de los hechos denunciados y se calificaba como “grave” el contenido del informe. No se entiende, empero, la espera de seis meses tratándose de unos extremos que, al mismo tiempo, son calificados en términos tan contundentes.
Como quiera que la carta fue filtrada a la prensa por nuestra asociación a fin de aliviar el acoso laboral que ya entonces padecíamos por nuestra constante defensa de los derechos humanos en las cárceles catalanas (con denuncias periodísticas a las que ya hemos hecho referencia), Amnistía Internacional Catalunya se apresuró a desmentirnos, lo que provocó interminables conflictos con los periodistas. Ahora bien, ADECAF en ningún momento afirmó que Amnistía hubiera condenado los hechos, nuestra asociación se limitó a entregar la carta a los medios de comunicación con una nota de prensa en la que se afirmaba expresamente que el informe había sido elaborado por ADECAF, pero Amnistía, lejos de intentar contactar con nosotros para aclarar el tema, actuó por su cuenta como si la iniciativa de un grupo de funcionarios de prisiones en la defensa de los derechos humanos no le mereciera el más mínimo respeto. Un ejemplo: a diferencia del Colegio de Abogados de Barcelona, que en una carta manifestó su apoyo a la tarea desarrollada por ADECAF, Amnistía Internacional nunca ha manifestado su respaldo (algo bien diferente de emitir una condena contra otras organizaciones) a la tarea de unos voluntarios que no sólo dedican tiempo, sino que se juegan su salud y su trabajo para hacer realidad el ideario que Amnistía dice defender.
A principios de 1999, enviamos al Secretariado Internacional de Londres una versión ampliada del informe ADECAF en lengua castellana. En la primavera de ese mismo año, y a pesar de que el dirigente de USO Prisiones procesado fuera finalmente condenado por malos tratos, el Secretariado Internacional de Londres, y en concreto la Sra. Veronika Nelson, archivó las actuaciones sin dar ninguna explicación que fundamentara la resolución desestimatoria.
En febrero de 1999, y a raíz de la denuncia de ADECAF, la sección de prisiones de USO fue expulsada de este sindicato y se integró en CATAC. Sin embargo, este cambio de siglas no supuso una modificación de sus planteamientos corporativistas originarios. Así, en diciembre de 1999, a raíz del cese del director general Ignasi García Clavel, el máximo dirigente de CATAC Prisiones, M. P. A., amenazaba por escrito a los “chivatos” y decía que el sindicato “iría a por ellos, uno por uno”. El boletín sindical donde se vierten las amenazas y se califica de “judas iscariote” a los funcionarios que se atrevan a denunciar la práctica de malos tratos por parte de sus “compañeros” tiene depósito legal y se distribuye entre toda la plantilla en el interior mismo de los centros penitenciarios, con total desparpajo. A nuestro entender, este simple hecho, tratándose como es el caso de un sindicato mayoritario, impide el cumplimiento de la legalidad y posibilita que los malos tratos puedan perpetrarse impunemente. El personal penitenciario, intimidado por el corporativismo y ante la absoluta pasividad de la administración y de ONGs repletas de progresistas, no se atreve a denunciar las vulneraciones de los derechos humanos. El provecho que la clase política obtiene de dichos sindicatos corporativistas es acallar posibles escándalos en los medios de comunicación social que pongan en cuestión la continuidad de sus cargos. Pues bien, algo tan fácil de entender como este conjunto de circunstancias lamentables escapa, al parecer, a las capacidades intelectuales del Secretariado Internacional de Londres.
En septiembre de 2000, CATAC Prisiones puso en práctica sus amenazas contra los “chivatos” acosando a un funcionario que había denunciado a un dirigente sindical por malos tratos. En un escrito insultante donde se le acusaba de “inepto”, tres sindicatos y cuarenta funcionarios pedían su cese. El funcionario amenazado venía padeciendo acoso laboral desde el año 1993, pero la administración no había hecho nada para impedirlo. A raíz de este episodio, en octubre de 2000 ADECAF elaboró el Informe sobre la instigación sindical de malos tratos a los reclusos y lo remitió a Amnistía Internacional. En enero de 2001, Gillian Fleming, del Secretariado Internacional, envió una carta a ADECAF reabriendo un caso que se remontaba al año 1999 y que, según sus propias palabras, “se había prolongado demasiado tiempo”.
La denuncia de ADECAF recibió a partir de 2001 el apoyo de diversas entidades, a saber, el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, el centro de estudios Cristianismo y Justicia, el Colegio de Abogados de Barcelona y la Universidad Católica de Comillas. Sin embargo, dichos avales sirvieron de bien poco. En verano de 2002, Amnistía publicó en su informe anual la historia de un funcionario presuntamente sometido a acoso, pero no dio por probados los hechos ni emitió condena alguna, evitando en todo momento hablar del sindicato denunciado y de una situación generalizada de amenaza corporativa contra el personal de prisiones. Como consecuencia de ello, el corporativismo pudo seguir actuando a sus anchas y la impunidad en las vulneraciones de los derechos humanos de los reclusos y de los funcionarios de prisiones catalanes no se modificó ni un milímetro. En este sentido, puede afirmarse que la única gestión de Amnistía en relación con los hechos denunciados por ADECAF se ha manifestado absolutamente ineficaz, lo que debería hacer reflexionar a los responsables de esta ONG .
En el año 2002, otras entidades, además de ADECAF, denunciaron la situación que se vive en las prisiones catalanas en términos análogos a los expuestos por nuestra asociación. Conviene no olvidar que ADECAF había hecho circular su informe, repleto de documentos probatorios, y este hecho decisivo obligó a dar una respuesta a todos aquellos que dicen estar comprometidos en Cataluña con la defensa de la legalidad. A todos excepto a Amnistía, claro. Así, a finales de 2002, Justícia i Pau, prestigiosa ONG catalana, elaboró y publicó el informe La presó a Catalunya. Un diagnòstic de la situació actual, donde se hace referencia expresa al sindicalismo como responsable del endurecimiento en las condiciones de vida de los presos. Ni una sola mención de los funcionarios sometidos a acoso a pesar de ser ellos la fuente de la información, pero al menos un reconocimiento de la verdad de los hechos denunciados por ADECAF. Asimismo, Cristianisme i Justícia publicó en enero de 2003 el informe "Què passa a les presons catalanes?" donde se cita expresamente a CATAC como promotor de una política penitenciaria de mano dura y a ADECAF como principal denunciante de dicha política. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene suficiente y sigue sin hacer referencia alguna al sindicalismo corporativo. El Secretariado Internacional exige “partes médicos”. En caso contrario, no hay nada que condenar. Lamentablemente, esta actitud provocará que, en los años por venir, los partes médicos (de funcionarios y reclusos) empiecen a ocupar el lugar de los boletines sindicales como objeto de nuestra denuncia.
A principios de 2003, se hace público que M. P. A., el máximo dirigente de CATAC, está implicado en un nuevo caso de malos tratos. Este hecho se suma a la condena en sentencia firme de otro dirigente sindical de USO Prisiones a quien los tribunales acusaban de lesiones con abuso de superioridad. M. P. A., por su parte, ya había sido procesado y absuelto en otro caso de malos tratos por el que sólo fue objeto de una sanción administrativa. En este ocasión, los implicados son cuatro funcionarios, todos ellos afiliados al sindicato CATAC. Ahora bien, a pesar de que nuestra asociación pone los hechos en conocimiento del Secretariado Internacional, recordándole que podía haberse evitado este nuevo caso condenando a tiempo la política del sindicato, auténtica raíz del mal, Amnistía no se molesta en contestar. A mediados del 2003, la sección de prisiones de CATAC es expulsada de su propio sindicato bajo la acusación de corporativismo y se integra esta vez en UGT. CATAC considera que las prácticas de su sección de prisiones son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, y así lo manifiesta públicamente, pero los “progresistas” de UGT no le hacen ascos a 800 afiliados. Estos hechos, cuyo valor probatorio nos parece incuestionable, no parece afectar tampoco a las señoras Veronika Nelson y Gillian Fleming, investigadoras del caso. A estas alturas, y ante la pasmosa evidencia, el Secretariado Internacional parece haber adoptado la resolución de ignorar los hechos a fin de no tener que enrojecer de vergüenza.
El 17 de octubre de 2003, el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona publica el informe Condicions de l’empresonament a Catalunya, donde se cita expresamente, confirmándolo en su integridad, el informe ADECAF. No sólo eso, a lo largo del texto de cuatrocientas páginas se hace extensa referencia al sindicato CATAC como promotor de políticas contrarias a la legalidad penitenciaria. En este punto, la posición del Secretariado Internacional de Londres, que conocía desde el año 1999 los hechos denunciados por la Universidad de Barcelona, pasa del descrédito y la vergüenza a la fundada sospecha de serias irregularidades en el funcionamiento de la organización.
Desde el cese de García Clavel, los indicios de regresión punitivista por parte de la Generalitat de Catalunya, bajo los auspicios de la “honorable” Núria de Gispert y con el apoyo total de los sindicatos de carceleros, eran evidentes con la simple lectura de la prensa diaria. Por ejemplo, en verano de 2002 se produjo un motín en la cárcel de Quatre Camins. Según testimonios de los presos, que a estas alturas parecen más que creíbles, el motín fue instigado por los sectores corporativistas del personal de vigilancia, los cuales esperaban justificar, a partir de un acontecimiento espectacular de estas características, el giro radical en la política penitenciaria hacia la “mano dura”, giro que efectivamente se produjo con la creación de departamentos especiales y el abandono de toda sensibilidad favorable a la rehabilitación de los reclusos, siempre en beneficio de las actitudes corporativistas. Las actuales denuncias por torturas son el desenlace de una muerte largamente anunciada (con muertes y suicidios reales de internos) en la que el papel de Amnistía Internacional no ha sido otro que negarse a responder, desde la soberbia del que no quiere bajar de su pedestal y reconocer su error, las repetidas demandas de auxilio por parte de ADECAF. Por todo ello, y de manera totalmente fundada, ADECAF ha iniciado una campaña de denuncia contra Amnistía Internacional, que continuará mientras no obtengamos una respuesta razonada que justifique el silencio de esta ONG.
2.- VERACIDAD PROBADA DE LA DENUNCIA DE ADECAF.
Los hechos expuestos demuestran hasta la saciedad que el informe presentado en verano de 1998 y las posteriores ampliaciones y nuevos informes, en especial el Informe sobre la instigación sindical de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas (2000), no sólo estaban totalmente fundados en lo que respecta a la caracterización del sindicato mayoritario de prisiones como organización incompatible con la legalidad penitenciaria, sino también en lo que concierne a las previsiones y posibles efectos que, mirando hacia el porvenir, la creciente influencia de esta central sindical podía tener en las prisiones catalanas.
Así, después de describir las prácticas de USO Prisiones y su lento pero eficaz trabajo de adoctrinamiento, en su informe de 1998 ADECAF hacía el siguiente pronóstico: “Finalment, considerem que, tot plegat i amb les idees i maneres de fer característiques d'USO Prisiones, aquestes circumstàncies, habituals a les nostres presons, es poden veure potenciades en extensió i profunditat, fins a concretar-se en casos de tortures o maltractaments” 1.
Y en el informe de 1999, versión castellana ampliada del anterior: “A nuestro entender, la doctrina punitivista puede generar o estar generando ya entre los funcionarios de prisiones un consenso ideológico que permitiría encubrir, a la hora de redactar los informes disciplinarios, posibles violaciones de los derechos humanos que, practicadas sólo por una minoría del personal de custodia, convertiría a toda la plantilla en cómplice de tales abusos, imponiendo una “ley del silencio” tras la cual se escondería una cifra negra de malos tratos indetectable por las autoridades judiciales. En efecto, la situación descrita por el documento 31 parece relevante en este aspecto en la medida en que fue un funcionario de prisiones quien rompió la “ley del silencio” que puede estar amparando a la minoría de mano dura. Las consecuencias desastrosas en el plano laboral que, para los funcionarios que cumplen con su deber, se derivan de tales denuncias, sólo son posibles si impera una ideología punitivista que castigue a los “colaboracionistas” creando alrededor de ellos un “vacío moral” en el que participen todos los “compañeros” y convierta la vida de estos funcionarios así estigmatizados en un auténtico infierno (...) Para que esa seguridad de grupo sea espontánea y automática, es necesario un punto de referencia lingüístico, una serie de consignas, ideas, creencias y sentimientos (connotaciones) comunes. Ahora bien, sólo una organización sindical mayoritaria que disponga de cierta infraestructura, puede llegar con sus escritos, combinando las reivindicaciones laborales con los mensajes punitivistas, a todos los rincones de un determinado ámbito de la administración penitenciaria. Es en este punto donde puede generarse el espacio simbólico que convierta en víctimas potenciales no sólo a la totalidad de los internos, sino a los propios funcionarios” (op. cit., págs. 22-23). Estas afirmaciones las hizo nuestra asociación dos años antes de conocer el caso del funcionario sometido a acoso laboral tras haber denunciado a un dirigente sindical por malos tratos. No debe extrañar, por tanto, que habiendo realizado la lectura de los informes elaborados por ADECAF, una persona neutral y no condicionada políticamente como fue la autora del primer documento de Amnistía sobre estos hechos, afirmara lo siguiente: “De la información facilitada por dichos funcionarios de prisiones se desprende que desde hace años existe un comportamiento grave que comporta la violación de los derechos humanos” (Amnistía Internacional, Carta al Director General de Instituciones Penitenciarias de Catalunya, 28-12-98). Nos parece evidente que la firmante de dicha carta percibió con claridad lo que la difusión de ciertas ideologías en el seno de los centros penitenciarios podía suponer en detrimento de los derechos humanos de los reclusos. Un simple análisis de los resultados electorales en las prisiones catalanas permite cotejar la correlación entre el desarrollo del sindicato corporativo (33% de los votos en 1995, 42% en 2002, 66% tras su fusión con UGT en 2003), el endurecimiento de la política penitenciaria y el aumento de las denuncias por malos tratos, los suicidios, las fugas y los motines.
Ahora bien, si tanto los informes de otras entidades como la evolución de las prisiones catalanas han confirmado en su totalidad (y, lamentablemente, cumpliendo las previsiones más pesimistas) el contenido de la denuncia de ADECAF, calificada en su día de grave por Amnistía, ¿por qué no condena el Secretariado Internacional? ¿Qué le impide emitir un comunicado de seis líneas criticando las actuaciones de este sindicato? La omisión de su deber de llegar a un pronunciamiento motivado representa, a nuestro entender, una vulneración flagrante del mandato de Amnistía. Nuestra asociación, en cumplimiento de su propio mandato como entidad de defensa de los derechos humanos, tiene el deber de poner en conocimiento de la opinión pública lo que considera flagrantes irregularidades con resultado de varios casos de presuntos malos tratos. Vulneraciones de los derechos humanos que, además, pueden multiplicarse en el futuro hasta extremos todavía más escandalosos, pues es de esperar que el crecimiento del sindicato corporativista continuará hasta copar el 100% de la afiliación del personal de prisiones en Cataluña.
3.- ACTUACIONES INCORRECTAS DE MIEMBROS DE AMNISTIA INTERNACIONAL EN RELACIÓN A LA DENUNCIA DE ADECAF.
De los anteriores hechos probados, y de los que se describen a continuación, pueden derivarse las siguientes actuaciones reprobables por parte de algunos miembros de Amnistía Internacional.
El Secretariado Internacional de Londres está institucionalmente obligado, por el propio mandato de Amnistía, a dar una respuesta razonada y fundada a las denuncias sobre malos tratos que reciba por parte de funcionarios de prisiones en el desempeño de sus cargos, máxime cuando esta organización califica el deber de denunciar malos tratos como una obligación inscrita en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las señoras Veronika Nelson y Gillian Fleming han omitido dicha obligación y han convertido en pura irrisión los llamados de Amnistía a los cuerpos policiales y de funcionarios de prisiones a comprometerse personalmente en la defensa de los derechos humanos.
Ante la abundante documentación, avales e informes de otras entidades que confirman los hechos denunciados por ADECAF, así como el cumplimiento de sus previsiones sobre las consecuencias de no condenar el desarrollo del corporativismo sindical en las prisiones catalanas, el Secretariado Internacional de Londres ha vulnerado el más sagrado mandato de esta ONG, y es moralmente responsable de los presuntos casos de torturas y malos tratos que han sido denunciados con posterioridad a su conocimiento de los hechos.
Amnistía Internacional Catalunya no ha cumplido nunca sus obligaciones de fiscalización y control de las prisiones catalanas, destinando recursos de esta ONG a actuaciones de propaganda nacionalista catalana, omitiendo su deber de investigar denuncias aparecidas en los medios de comunicación, ocultando durante seis meses la denuncia que ADECAF presentó en 1998 (y que, ahora, con la perspectiva de los años y el estallido del número de los casos de denuncias por torturas, muestra hasta qué punto respondía a la realidad).
Algunos miembros de Amnistía Internacional Catalunya se han distinguido por su trabajo de “entretener” ADECAF con promesas siempre incumplidas. Así, a finales de 2002, y después de que Amnistía realizara una gestión (la única) en relación a un caso de acoso laboral contra un funcionario, pidiendo explicaciones a la Generalitat de Catalunya, la señora Flori Estevez se comprometió a transmitir a ADECAF la respuesta del gobierno catalán y a emitir una condena si dicha contestación no resultaba satisfactoria. Estos hechos debían aparecer publicados en el Informe Anual del año 2003, pero el esperado acontecimiento no se produjo nunca. Amnistía tampoco hizo llegar jamás a ADECAF la respuesta de la administración y finalmente, a través de su portavoz oficioso, el señor Fernando Bermejo, ha comunicado a nuestra asociación que se ha hecho ya todo lo posible en este caso, aseveración totalmente absurda porque es tanto como decir que AI no se puede pronunciar ni emitir condenas sobre ningún caso (en el que aquí nos ocupa ni siquiera se ha pronunciado).
El 2 de junio de 2003, y convencido ya por la evidencia de que Amnistía no daba ninguna importancia a unos hechos ya probados que, repito, en su día fueron calificados de “graves”, un miembro de ADECAF remitió a Flori Estevez una carta en la que reclamaba, tras cuatro años de espera, una respuesta por escrito al informe presentado en el año 1999 y a sus sucesivas ampliaciones. El 8 de agosto de 2003 se envió a todas las delegaciones de Amnistía Internacional un e-mail donde se relataban los hechos y se hacía la siguiente petición: “La presente no es sólo una denuncia contra Amnistía Internacional ante sus propias delegaciones, es, ante todo, una solicitud para que reclamen a la sede central que rompa su silencio y se pronuncie de forma razonada antes del 30 de septiembre de 2003. En caso contrario, ADECAF actuará en consecuencia y denunciará a AI ante los medios de comunicación”. El 13 de agosto de 2003 se informó a Veronika Nelson de que el señor M. P. A. estaba involucrado en un nuevo caso de malos tratos y que considerábamos responsable a esta organización del drama que se estaba viviendo en las prisiones catalanas. Además, advertíamos ya que si se nos seguía ignorando “la denunciaremos a usted ante las Naciones Unidas y los medios de comunicación de todo el mundo”. Ahora bien, según el portavoz oficioso de Amnistía Internacional, el señor Bermejo, ADECAF no puede “dar plazos” y “amenazar” a Amnistía. Sin embargo, esta afirmación nos parece que está desprovista de fundamento. Debemos recordarle al señor Bermejo y, por ende, a todo el staff de Amnistía, que esta ONG pide explicaciones a los gobiernos y que, en caso de resultar insatisfactorias o, simplemente, nulas, las respuestas de las administraciones fiscalizadas, las reclamaciones de AI se traducen en condenas públicas ante los medios de comunicación. ADECAF no entiende por qué motivo una ONG no puede ser sometida al mismo procedimiento formal y por qué la petición de explicaciones so pena de condena pública es calificada de “amenaza”. Conviene precisar, además, que el hecho de dar plazos es una gestión normal y lógica que se emplea en cualquier tramite administrativo, comercial o de cualquier otra índole. Estas son las palabras literales del Sr. Bermejo: “a pesar de haberse lamentablemente desacreditado con sus acusaciones carentes de fundamento, ADECAF da ultimatums, realiza amenazas (véase correo de ADECAF de agosto dirigido a AI) y acusa a las “bases” de AI de ingenuidad (...)”. En definitiva, Amnistía reclama para sí la misma impunidad que critica a las administraciones. Ahora bien, ni siquiera la prepotencia de los gobiernos totalitarios sometidos a control por AI respondería en los términos injuriosos que el señor Bermejo ha utilizado contra los miembros de ADECAF: “Si lo que los miembros de ADECAF quieren es desahogar su resentimiento contra el mundo o su amargura, deberían buscar un consultorio médico”. Estos términos, absolutamente condenables, se realizan a sabiendas de que algunos de nuestros socios se encuentran de baja médica y aquejados de enfermedades muy graves (como el cáncer) después de una década de acoso laboral en la que, una vez cada dos años, recibían cartas del Secretariado Internacional de Londres afirmando que “no tengo tiempo de leer sus denuncias”, “hemos perdido toda la documentación en un traslado”, “no nos consta que ningún miembro de ADECAF haya sido encarcelado por defender los derechos humanos” y otras delicatessen semejantes. Por lo tanto, entendemos que, después de cinco años de angélica espera, ADECAF tiene derecho a reclamar una respuesta, a establecer un plazo razonable para su emisión y a advertir que, caso de ser ignorada la queja, denunciará los hechos públicamente haciendo uso legítimo de su libertad de expresión.
Amnistía, al parecer, no lo entiende así. De suerte que, como represalia por los mencionados escritos de ADECAF, la señora Flori Estévez comunicó en septiembre de 2003 a esta asociación que, a partir de ese momento, se desentendía de la denuncia y se negaba a trasladar a Madrid y Londres los informes de ADECAF. A principios de octubre, miembros de nuestra asociación realizaron repetidas llamadas a Esteban Beltrán, director de AI España, para poner en su conocimiento una queja formal por el comportamiento de la señora Estévez. Se dejó en el contestador, en repetidas ocasiones, el teléfono de ADECAF, pero la respuesta del señor Beltrán, a lo largo de un mes, fue el más absoluto silencio, algo que nos recuerda la situación de Joseph K. en la novela de Franz Kafka El Castillo. Finalmente, en una reunión privada (12 de diciembre de 2003), y después de que miembros de ADECAF se presentaran en un acto público de Amnistía para denunciar que esta ONG conocía desde 1999 y no ha condenado los hechos denunciados el 17 de octubre de 2003 por la Universidad de Barcelona, el señor Fernando Bermejo nos advirtió (ante testigos) que Amnistía ignoraría a partir de ese momento las denuncias de ADECAF y no condenaría los hechos denunciados como respuesta a las mencionadas actuaciones de crítica. A nuestro entender, esta amenaza de represalia responde a la actitud real de Amnistía manifestada ya por la señora Estévez, y representa, sumada a los restantes hechos descritos, una gravísima vulneración de la normativa de Amnistía que afecta a toda la organización, desde el Secretariado Internacional de Londres (que ignora de facto a ADECAF desde hace años) hasta los señores Beltrán, Bermejo y la señora Estévez.
Por todo ello, la abajo firmante
SOLICITA:
Que se dé curso a la presente denuncia y que, en caso de no observar, como prevemos de antemano, actuaciones merecedoras de reprobación por parte de los “compañeros”, se responda a las siguientes cuestiones: 1/ ¿Puede el Secretariado Internacional de Londres eludir dar respuesta fundada y razonada a una denuncia sobre hechos calificados de graves cuya veracidad ha sido probada ad nauseam? 2/ ¿Es cierto que Amnistía Internacional, después de pedir explicaciones a un gobierno, ya ha cerrado el catálogo de posibles actuaciones y que, por lo tanto, esta ONG no puede hacer nada más en el caso de la denuncia de ADECAF? 3/ ¿Está capacitada Amnistía Internacional para emitir condenas sobre hechos probados que supongan una vulneración de los derechos humanos o se limita a solicitar informaciones sobre tales hechos? 4/ ¿Puede un cargo de Amnistía Internacional, por decisión propia, resolver que ya no tramitará las denuncias que se le presenten a raíz de que no considere de su agrado la actitud de la fuente? 5/ Cuando Amnistía no condena hechos probados de naturaleza grave, ¿tienen otras entidades el derecho de criticarla o se considera esta decisión un acto hostil sujeto a represalias como por ejemplo ignorar las denuncias que haya presentado o presente a partir de entonces dicha entidad? 6/ Cuando Amnistía Internacional afirma que los funcionarios de prisiones tienen la obligación de denunciar los casos de malos tratos que conozcan en el ejercicio de su cargo, y recomienda a los gobiernos exigir a este colectivo un compromiso personal en la defensa de los derechos humanos y la emisión de las correspondientes denuncias, ¿significa esto que Amnistía tiene a su vez la obligación de proteger a dichos funcionarios de las represalias corporativas o dicha obligación por parte de Amnistía simplemente no existe? Esta pregunta es muy importante y sepan que, si efectivamente, como sostiene Fernando Bermejo, dicha pretensión de ADECAF supone “mezclar churras con merinas y el tocino con la velocidad”, entonces pondremos los hechos en conocimiento de nuestros compañeros y daremos la razón a quienes, pensando ante todo en su salud, el bienestar de sus familias y su estabilidad profesional, se han negado y se siguen negando a denunciar casos de malos tratos de los que tienen conocimiento para a la postre no tener que verse sometidos al calvario del acoso laboral, todo ello ante la indiferencia y hasta los sarcasmos insultantes de algunos miembros Amnistía Internacional.
Ahora bien, si en el plazo razonable de un mes no se acusa recibo de la presente denuncia y en el de dos meses no se da una respuesta fundada que satisfaga, punto por punto, todos y cada uno de los hechos referenciados, ADECAF, haciendo legítimo uso de su libertad de expresión y en defensa de los derechos humanos, continuará adelante con su campaña de protesta contra esta ONG.
Martorell (Barcelona), 28 de enero de 2004
NOTA: Amnistía Internacional no respondió nunca a esta denuncia razonada. Así, después de un año más de espera, ADECAF ha decidido poner los hechos en conocimiento de la opinión pública.
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