en memoria de los 800.000 soldados alemanes prisioneros exterminados por los aliados occidentales

viernes, noviembre 15, 2013

Montserrat Tura y la impunidad de la tortura en Cataluña (3)

Responsable político impune. Albert Batlle i Bastardas, a la sazón director general de prisiones de la Generalitat y actualmente "colocado" en la Oficina Antifraude.













¿Era posible semejante bochorno, propio de una república bananera, en un territorio de la Unión Europea? Sí, pero sólo en Cataluña, porque aquí manda una de las oligarquías más despóticas, ineptas, malvadas y podridas del continente.


Sentencia (27-VI-2013) por los hechos de Quatre Camins de 1º de mayo de 2004:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/condenados-seis-funcionarios-prisiones-por-maltratar-reclusos-2453737

Un catedrático en Derecho Penal interpreta la resolución judicial en términos de impunidad. Cotéjese uno y otro dato con los indultos a Mossos d'Esquadra.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/derecho-carcel-2485029

Pero ni siquiera Joan J. Queralt, con todo el mérito innegable de su crítica, llega al fondo de la cuestión. 

A principios de 2012 comparábamos lo sucedido en el caso Quatre Camins 2004 con el trato dado a los imputados por el caso Kalki, finalmente declarados inocentes. Cabe acreditar mediante una auténtica avalancha de documentos y pruebas objetivas la bochornosa complicidad de los políticos (una excepción sería Saura) y el fomento institucional del corporativismo:

http://www.lavanguardia.com/politica/20110125/54106536091/puig-deroga-el-codigo-etico-de-los-mossos-d-esquadra-impulsado-por-saura.html

Los casos concretos de malos tratos o torturas son temas que, a nuestro entender, pertenecen a los jueces. Aquí no nos interesa, como acostumbra a hacer la prensa para encubrir las grandes cuestiones de fondo con primeros planos harto interesados, si el policía P o el funcionario de prisiones F cometió o no un delito D, pues la nuda casuística no demuestra nada y lo extraño sería que en cuerpos funcionariales dedicados a determinadas tareas represivas no se diesen situaciones puntuales de abusos más o menos graves.

El problema es otro. Por ejemplo: ¿qué hacen las autoridades catalanas ante el hecho abochornante de que 300 funcionarios fuera de servicio entren de forma ilegal en una prisión, una vez ya concluido un motín, se apoderen del centro penitenciario organizando una "asamblea sindical" y luego seleccionen a 28 reclusos para maltratarlos? ¿O ante la vergonzosa evidencia de que ninguno de esos funcionarios haya declarado contra los promotores de la fechoría, prefiriendo la fidelidad mafiosa y la condena de los "cabezas de turco" al riguroso cumplimiento de la ley y la lealtad al pueblo de Cataluña, que les paga la nómina para amparar la democracia, no para lesionarla con actuaciones propias de bárbaros? ¿Cómo es posible que eso suceda y "no pase nada" en los elevados despachos de Serveis Penitenciaris o del Departament de Justícia en un govern dels millors (gobierno de los mejores) si no existe complicidad? ¿Qué tipo de formación han recibido tales funcionarios? ¿Qué respuesta da la Generalitat de Catalunya tras semejante obscenidad de corporativismo? Ninguna. O mejor: su respuesta ha sido, más bien, perseguir a base de expedientes disciplinarios y mobbing a los pocos funcionarios que protestaban por el insoportable pestazo a corrupción. Ellos eran, a ojos de la camarilla endogámica encorbatada que dirige las prisiones catalanas, los "culpables" de las filtraciones que hicieron posible el informe de la Universidad de Barcelona del año 2003, entre otras actuaciones de coraje cívico y auténtica lealtad profesional que pusieron fin, empero, a su carrera.

¿Tenemos algún artículo de prensa que se ocupe de este aspecto del asunto? No. Tampoco. Dicho brevemente: los organismos públicos jamás cumplen con su deber, sino todo lo contrario; y lo peor: esa es su norma, no la excepción, como puede constatarse a manos llenas allende el caso Benítez haciendo una saludable visita a la hemeroteca.

Por otro lado, los políticos pueden actuar así porque financian a los medios de comunicación, controlan "lo publicable" por diferentes vías, de manera que si un periodista se rebela contra la directriz encubridora pierde su trabajo al igual que el funcionario legalista. Ciertamente, los periodistas producen noticias, pero no parecen capaces o dispuestos a relacionarlas entre sí para captar una situación decisiva de interés cívico. Cada día olvidan los periodistas lo sucedido el día anterior. Operan como una lupa que agranda la uña del elefante, pero es incapaz de "captar" al animal entero y, por lo tanto, tapa a fuer de exactitud detallista, pero de forma "profesional" a la vez que asaz eficaz en los "efectos de censura", aquello más obvio e importante, a saber, que esa uña es, precisamente, una "uña de elefante", la parte de un ser vivo y enorme, y no un trozo cualquiera de materia inerte.

El desastre ético en el que hemos desembocado no tiene como culpables exclusivos a los policías y a los funcionarios, tampoco únicamente a los políticos y sindicalistas que han fomentado una cultura profesional corporativista a la medida del pujolismo ("un corporativismo de país"): todo ello ha podido suceder sólo porque ningún periodista ha querido (¿podido?) jamás abandonar el reporterismo rutinario de tribunales y empezar a hacerse preguntas incómodas juntando todas las piezas del puzle, es decir, investigando en serio la realidad social profunda que se esconde tras la casuística cotidiana.

Los "profesionales de la información" en Cataluña que ahora se indignan por la "brutalidad policial" son unos repugnantes hipócritas: han preferido mirar hacia otro lado, y esto en el mejor de los casos, mientras funcionarios leales a la Constitución y el Estatuto eran literalmente aplastados en una lucha desigual contra los políticos, sindicalistas y altos cargos corruptos. No han querido ver las dimensiones criminales devastadoras del corporativismo y sus raíces político-sindicales. De ahí que Felip Puig pudiera en su momento abolir el Código Ético Deontológico de los Mossos d'Esquadra promovido por Saura pero nadie le haya preguntado al hediondo mafioso "catalanista" cuáles serían sus "responsabilidades políticas" en la muerte de Juan Andrés Benítez, por no hablar de otras decenas de escándalos del similar jaez.

Jaume Farrerons
La Marca Hispànica
15 de noviembre de 2013

DOCUMENTACIÓN ANEXA

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/jueza-considera-claro-meridiano-que-los-ocho-mossos-causaron-muerte-benitez-2841729

Quatre Camins y los "fascistas" del caso Kalki

Correremos un piadoso velo respecto de los escándalos por corrupción e incompetencia que sacuden, un día sí y otro también, el tejido social catalán en los últimos años del largo dominium convergente y durante el agónico paréntesis del tripartit. Limitémonos al tema de los derechos humanos y de la "instigación al odio", la coartada en que se ampararon los inquisidores de la fiscalía para perseguir a los "fascistas". Pues bien, Cataluña no podía precisamente enorgullecerse, como acreditan los siguientes documentos, de su currículo humanitario, cuando menos si se le aplican los estándares europeos. Un tardío informe de Amnistía Internacional -tardío porque esta ONG conocía y silenciaba la verdad de las prisiones catalanas desde 1999- distingue a Cataluña como lugar que empezará a sonar y ser conocido en el resto del mundo por abusos carcelarios y policiales de dimensiones escandalosas:

Unas semanas antes de que Carlos García Soler fuera detenido por los Mossos d'Esquadra, se había producido un motín en la prisión de Quatre Camins (30-4-2004); era ya el segundo en dos años. Devueltos los presos a sus celdas, entre 200 y 300 funcionarios, muchos de ellos de otras cárceles autonómicas, penetraron ilegalmente la noche del 1º de mayo de 2004 en el perímetro interior del centro penitenciario, organizaron una asamblea, se apoderaron del mando de la prisión y aplicaron la doctrina de la "mano dura" promovida y difundida por el sindicato mayoritario de prisiones desde 1993:
http://www.adecaf.com/altres/amn/amn/postmo.htm

http://elpais.com/diario/2004/11/25/catalunya/1101348450_850215.html

http://elpais.com/diario/2004/11/24/catalunya/1101262057_850215.html

http://elpais.com/diario/2004/12/03/catalunya/1102039659_850215.html

http://elpais.com/diario/2009/02/06/catalunya/1233886048_850215.html

¿Era posible semejante bochorno, propio de una república bananera, en un territorio de la Unión Europea? Sí, pero sólo en Cataluña, porque aquí manda una de las oligarquías más despóticas, ineptas, malvadas y podridas del continente. Durante años, el abajo firmante, Jaume Farrerons, como presidente de una asociación patriótica de funcionarios, elevó informes a Amnistía Internacional anticipando de forma documentada y razonada el crecimiento exponencial de los casos de maltrato si no se denunciaba públicamente la naturaleza peligrosísima del sindicalismo corporativista. Pero la oligarquía había colocado sus peones tanto en esta ONG como en el sindicato en cuestión (de ideología nacionalista), de manera que la mano negra del poder no encontró dificultad alguna a la hora de neutralizar las iniciativas humanitarias de ADECAF. Por las fechas en que empezó la Operación Reich, faltaban empero pocos meses para que la Universidad de Barcelona, citando expresamente el Informe sobre la instigación sindical de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas (2000), de ADECAF, reconociera la existencia de una mafia sindical corporativista que, mediante la difusión de boletines y comunicados, promovía la vulneración sistemática de la legalidad en materia de derechos humanos de los internos:
La propia central sindical que en ese momento acogía a la sección mayoritaria de prisiones tuvo que admitir a regañadientes la realidad del fenómeno carcelario y expulsar a sus afiliados de ideología corporativista para, una vez difundida la verdad (!gracias a ADECAF!), no precipitarse en el abismo del desprestigio más absoluto:

http://www.adecaf.com/altres/amn/amn/anar.htm
Pero el aspecto más relevante del asunto, a los efectos que nos ocupan, es que el gobierno catalán había encubierto y amparado a este sindicato (véase la intervención parlamentaria de Núria de Gispert de febrero de 1999) y pactado con él, bajo el mandato convergente, permitiendo que el corporativismo funcionara como una suerte de "partida de la porra" para silenciar a los funcionarios legalistas que denunciaban los crecientes casos de maltrato y perjudicaban con ello la "imagen" política internacional de Cataluña. Fue también el gobierno de la Generalitat, aunque ya en la época del tripartit, el que, ante la avalancha de casos de tortura imputados a los Mossos d'Esquadra, optó por negar las sentencias, incluso firmes, iniciando con Montserrat Tura una moda de corporativismo institucional que Felip Puig ha hecho suyo como nuevo conseller de Interior de CiU.

La noche en que se presentaron los Mossos d'Esquadra en el domicilio de Carlos García Soler no había pasado, por tanto, ni un mes desde que funcionarios de la Generalitat de Catalunya, actuando como esas bandas de skin-heads a las que el fiscal Aguilar seguramente se jactará de perseguir, aplicaron una doctrina de odio al recluso que el sindicato mayoritario de prisiones, con el consentimiento y estímulo del gobierno, había difundido desde hacía décadas entre el personal de vigilancia penitenciaria, distribuyendo el material propagandístico en los mismísimos centros de trabajo, o sea, ante los ojos de los directores y altos cargos penitenciarios del catalanismo. Con ello, políticos y sindicalistas adoctrinaron, por activa o por pasiva, a un importante sector de  funcionarios, quienes, en 2004, reproducirían  los vergonzantes hechos de Herrera de la Mancha (1979-1984) erigidos en mito fundacional del programa electoral de la central corporativa (1994-1998). El huevo de la serpiente se incubó, en efecto, siendo secretario de formación del sindicato nada menos que el hermano de la consellera de Justicia Núria de Gispert. Que esos funcionarios organizaran el martirio del "túnel" años más tarde era así la consecuencia de una instigación al odio contra un grupo social concreto, los presos, que las autoridades y el propio fiscal habían podido conocer gracias a las repetidas denuncias de ADECAF (y otras organizaciones que se hicieron eco de las mismas), pero ignoraron por razones políticas.

Aguilar: un fiscal a las órdenes de Tel Aviv

La fiscalía, insistamos en ello, no hizo absolutamente nada para impedir lo que, según nuestros documentados pronósticos, y aunque la realidad superara con creces las peores previsiones, tarde o temprano iba a suceder y efectivamente sucedió. !Estos son los derechos humanos y la lucha contra el odio del fiscal Miguel Ángel Aguilar! O bien es Aguilar un incompetente que carece de las necesarias fuentes de información para identificar las materias de su interés (en este caso se trata, no obstante, de portadas y titulares de prensa), o bien, como parece más probable sin menoscabo de aquella inepcia, su fiscalía no es una institución contra el odio, sino una simple cheká antifascista con una finalidad estrictamente política. Q. e. d. (quod erat demonstrandum).

Que hayan podido suceder los hechos de Quatre Camins de 1º de mayo de 2004, con unos antecedentes documentados hasta la náusea, y Aguilar no moviera nunca un dedo para impedirlos, le delata como pseudo profesional del derecho. Y el fracaso de su querella en el caso Kalki comporta el más espantoso de los ridículos jurídicos, porque, no habiendo sido Aguilar capaz de perseguir una patente instigación al odio montada delante de sus narices contra el colectivo más débil de la sociedad, a saber, el de aquéllos los privados de libertadconstruyó en cambio en su mente una supuesta conspiración nazi para derrocar la democracia mediante la fuerza de las armas y unas nuevas SS que sólo existían en su calenturienta imaginación de antifascista fanático. Consecuencias, en fin, del doblepensar, que termina, por su propia dinámica torcida, perdiendo de vista lo obvio.

Señor Aguilar: no hay víctimas de la Kalki, sépalo; pero sí de los boletines sindicales corporativistas. Y a usted, que tuvo noticias del affaire penitenciario, ni siquiera se le pasó por la cabeza, u olvidó convenientemente recordar según la pseudo lógica del INGSOC, que estuviérase instigando a la violencia contra los reclusos con el consentimiento de todo un gobierno autonómico, porque funciona usted, y a los hechos me remito, de acuerdo con la metodología intelectual del doblepensar. Usted no es, en suma, el fiscal de una democracia, sino un comisario del sionismo disfrazado con la toga del jurista profesional, técnicamente pésimo y que, en el aspecto humano, preferiría no calificar para no incurrir en delito.

Así, la noche del 24 de mayo de 2004, Carlos García Soler pudo detectar el siguiente indicio inequívoco de lo que significaba el "antifascismo" de la fiscalía política en el seno de una sociedad catalana controlada por la oligarquía filosionista. Doy total credibilidad a sus palabras, porque aquello que personalmente conozco de primera mano sobre la cuestión (aunque relativo a otros ámbitos) va bastante más allá del testimonio de García Soler:

Hay una cosa que siempre recordaré: el policía que llevaba la voz cantante, iba de paisano, y llevaba una insignia de la estrella roja en la solapa, la ESTRELLA COMUNISTA, parecía que quiso recordarme con ello QUIÉN MANDABA (García Soler, C., op. cit., p. 15).

Sí, pero no sólo quién mandaba, sino, ante todo, cómo mandaba y la impunidad de los cien millones de víctimas del bolchevismo, ignominia que de alguna manera acababa de replicar su código genético-simbólico en Quatre Camins en cuanto impunidad del antifascismo convalidada de facto por el govern sionista de la Generalitat para el que ese policía, ese comisario político, confesaba ostentosamente estar trabajando (los cuadros técnicos de los Mossos d'Esquadra son entrenados, como todo el mundo sabe o debería saber, por el Mossad).

Jaume Farrerons
La Marca Hispànica
21 de febrero del 2012

Fuente (en este mismo blog):

http://nacional-revolucionario.blogspot.com.es/2012/02/retrato-del-antifascista-en-orwell-6.html

J. J. Queralt

EL DERECHO EN LA CÁRCEL

El 30 de mayo del 2004 se vivió un serio motín en la cárcel de Quatre Camins. Resultaron seriamente heridos el subdirector y varios funcionarios. Aquellos hechos se enjuiciaron ya hace cinco años y sus responsables vieron aumentado sensiblemente el tiempo que deberían permanecer entre rejas, pues en su mayoría fueron sentenciados a 17 años de prisión, entre otros delitos, por el de homicidio intentado.

Nueve años después de los hechos, la Audiencia de Barcelona acaba de sentenciar a cinco de los funcionarios que, entre otras cosas, hicieron el «pasillo» a un grupo de presos, esposados y empalados para que caminaran gachos, golpeándolos y vejándolos, a penas de prisión que en ningún caso superan en su conjunto los 18 meses, así como a seis años de inhabilitación.
LOS DELITOS en cuestión son atentados a la dignidad moral y faltas de lesiones, hasta siete infracciones. Ello supone que, si es ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo y no resultan indultados por el Gobierno, los funcionarios condenados podrían no ingresar en prisión y habría que ver cómo ejecuta la Administración la pena de inhabilitación, que ese es otro cantar, ver cómo se burla, en la práctica, esa gravísima pena.
En esta sentencia, minuciosa y documentada, llama la atención, no obstante que el tribunal no haya querido condenar por torturas, lo que hubiera comportado una pena por cada uno de los delitos de entre dos y seis años. Se condena con delitos contra la integridad moral, esto es, maltrato de palabra u obra por parte de funcionarios a ciudadanos.
En su día ya reiteró el Tribunal Constitucional que el derecho no se para a la puerta de la cárcel. Pararse, ciertamente, no se ha parado, pero ha llegado tarde y algo de refilón. Si bien la Audiencia reconoce la inalienable dignidad de la persona, sea cual sea su estado o condición, y si bien reconoce igualmente el especial deber de protección del funcionario de prisiones respecto de los internos, que, de hecho, están en sus manos, restringe en exceso el ámbito del delito de torturas, exigiendo una permanencia en el tiempo y cierta organización. Si ello fuera así, una razia policial en venganza por la muerte de un compañero que acabara con heridos a mansalva no serían torturas. Solo lo serían si los agentes dispusieran de modo estable de una especie de cuarto oscuro para hacérselo pasar canutas a los detenidos. Nada de eso dice la ley penal.
Es más, de los hechos, tal como son de sobras conocidos y la sentencia pone negro sobre blanco, se deriva una actuación totalmente irregular por parte de los funcionarios, siendo el cabecilla de ellos el subdirector médico del penal. En efecto, al motín de los presos, sucedió la toma autónoma de decisiones por parte de los funcionarios, al margen de los órganos directivos regulares; y participaron funcionarios francos de servicio que acudieron al centro y organizaron el traslado de internos: desde las celdas, como se ha expuesto, hasta derivación a diversos centros.
Como hay que descartar la venganza como justificación, había base para condenar por torturas: someter a la víctima a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales o que atenten contra su integridad moral. Establecido por la sentencia el atentado a esta última, sorprende que se orille la aplicación del delito más grave, sin excesiva argumentación.
Por último, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo es tajante, sólida y constante en materia de torturas. Exige a las autoridades nacionales especial celo en su castigo, para lo que han de esmerarse en proceder activamente contra aquellas en cuanto tengan noticia. Pues bien, la falta de celeridad no solo perjudica a las víctimas, sino que beneficia a los condenados. Así es, la causa se encalló en el juzgado de instrucción, como suele suceder en las investigaciones complejas, pero no tanto como afirma la Audiencia. Ni las diligencias solicitadas por el fiscal para mejor esclarecer los hechos constituyen dilación ni los incidentes procesales subsiguientes tampoco.
DE NUEVO, nos enfrentamos a un cuadro poco satisfactorio. Por un lado, unos presos se amotinan, hieren gravemente a funcionarios, son condenados en cuatro años a más de tres lustros de cárcel. Esos presos u otros, como consecuencia de esos muy serios incidentes, son asaltados por funcionarios, algunos francos de servicio, con ocasión de su traslado organizado de modo más que discutible. Las penas impuestas se ven encima atenuadas por dilaciones, no necesariamente atribuibles al sistema y, en principio, no comportan privación de libertad. Desterrada, por fortuna, la ley del talión, la desproporción parece evidente. Aplicar la ley no es fácil, ni nadie ha dicho que lo sea. Pero ello no me impide discrepar de esta resolución.
 

1 comentario:

antonio dijo...

Supongo que habra algo de cierto en esta noticia:
http://eladiofernandez.wordpress.com/2013/11/19/estado-de-excepcion-en-espana-por-jordi-linares/

¿Y en esta otra "noticia"?:
http://eladiofernandez.wordpress.com/2013/11/13/el-presente-inmediato-de-cataluna/