en memoria de los 800.000 soldados alemanes prisioneros exterminados por los aliados occidentales

lunes, febrero 20, 2012

Denuncia presentada ante la fiscalía sin respuesta

La fiscalía que encarcela a personas por tener libros "nazis" en casa, la fiscalía que consiente el negacionismo de todo un gobierno ante torturas policiales probadas por sentencia judicial firme, es la misma fiscalía que encubre el maltrato, a lo largo de décadas, en las prisiones catalanas. Los fiscales son simples pistoleros y cómplices mafiosos de los políticos. La fiscalía es un fraude. Que nada espere de ella el ciudadano. Pero, no lo olvidemos, todo esto empezó en el juicio de Nüremberg, donde se fijó el código genético-jurídico de la oligarquía sionista transnacional y el anticipo en gran escala de los abusos que se han venido cometiendo hasta el día de hoy en nombre de la democracia y los derechos humanos.

De la red:

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/200559-denuncia-presentada-a-fiscalia-respuesta.html

AL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

El abajo firmante, funcionario de prisiones de la Generalitat de Catalunya y secretario provincial del sindicato ADECAF, ZZZZZZZZZZZ, con DNI DDDDDDD y domicilio en calle CCCCCCC, de MMMMMMM al amparo del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

“Los que por razón de su cargo tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente, al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”.


interpone la presente denuncia, basada en los siguientes

H E C H O S:

Que el Síndic de Greuges de Catalunya, en su informe anual correspondiente al año 2007, ha denunciado la existencia de malos tratos sistemáticos en las prisiones catalanas, singularmente en Brians I, y ha hablado expresamente de las “actitudes pasivas de otros funcionarios, incapaces de denunciar los hechos”. En el artículo publicado por el diario El País el 21 de abril de 2008, sección Cataluña, página 3, con el título “Ribó: el maltrato no es un hecho aislado”, el Síndic de Greuges de Catalunya D. Rafael Ribó se refiere a los malos tratos como “situaciones recurrentes derivadas de la actuación de los funcionarios en servicios concretos, identificados por un importante número de internos” y reitera lo afirmado en el informe sobre la pasividad de los funcionarios, que supondría una presunta vulneración del artículo 262 de la ley de enjuiciamiento criminal.

Que en las prisiones gestionadas por el Gobierno Autonómico Catalán, los funcionarios que, en el legítimo ejercicio de sus atribuciones como servidores públicos, denuncian casos de malos tratos a reclusos, son sometidos a represalias por parte de un nutrido sector de sus compañeros, sin que la Administración haga nada para impedir estos hechos, los cuales consiente y hasta justifica en declaraciones a los medios de comunicación, como fue el caso del ex secretario de servicios penitenciarios Francesc Jiménez i Gusi en unas declaraciones a la radio del año 2001.


Que en el año 2005, un funcionario de prisiones, D. YYYYYYYYY, tuvo que abandonar definitivamente su trabajo en Cataluña después de estar sometido a dichas represalias desde Marzo de 1993, fecha en que denunció un caso de malos tratos confirmado por los Tribunales en sentencia firme. Este hecho confiere mucha credibilidad a las afirmaciones del Síndic de Greuges relativas a la pasividad del colectivo ante los malos tratos perpetrados por sus compañeros.

Que en la actualidad el Juzgado de Instrucción, Núm. 3, de Granollers (Barcelona) instruye un caso masivo de malos tratos de Mayo de 2004, el cual afecta a una treintena de reclusos. Alrededor de 300 funcionarios francos de servicio entraron ilegalmente en la prisión de Quatre Camins para maltratar a los presos. Sin embargo, pese a que está probada la existencia de lesiones a los internos, ningún funcionario que los conozca osa identificar a los autores de los hechos. En las cárceles de Cataluña, todo el mundo recuerda cual ha sido el destino de los trabajadores que han cumplido con el mandato legal, un dato que acredita asimismo las afirmaciones del Síndic sobre la impunidad de los malos tratos.

El 9 de Noviembre de 2005, el Consejo de Europa emitió un informe en el que reconocía el nefasto papel de determinados sindicalistas en los hechos de Quatre Camins de Mayo de 2004, y acusaba a la Administración Penitenciaria catalana de carecer de toda política de personal digna de ese nombre. Pues no sólo existen represalias a los funcionarios denunciantes de malos tratos a presos, sino, como veremos, una injustificable actitud pasiva de la administración a la hora de perseguir dichas represalias corporativas que convierte a la propia administración en cómplice de las mismas.

En Septiembre de 2000, tres Sindicatos promovieron un escrito insultando y pidiendo el cese del funcionario D. FFFFFFFFFFFF, quien había denunciado también un caso de malos tratos y era así testimonio en un proceso judicial. En interpelación parlamentaria, el Consejero de Justicia del Gobierno Autonómico, D. Josep-Delfí Guàrdia i Canela, reconoció la existencia del escrito, que iba firmado por decenas de funcionarios y sindicalistas perfectamente identificados con nombres y apellidos. Pese a que, hasta entonces, las acciones de represalia contra el Sr. FFFFFFFFFF, habían quedado impunes porque la Administración decía que no identificaba a los culpables, tampoco el conocimiento de los firmantes del escrito hizo que el Gobierno Catalán abriera expedientes o realizara actuación alguna en defensa del afectado o por un delito de obstrucción a la justicia.

El 19 de Febrero de 2000, el Tribunal Supremo fallaba en Sentencia firme la condena de 1999, contra Don XXXXXXXXXXXXX, funcionario y sindicalista de USO, por una falta de lesiones a un recluso en la que además los magistrados apreciaban abuso de superioridad. A pesar de ello, en Julio de 2001, otro sindicato “de clase”, a saber, la UGT, publicaba en su Boletín Oficial un nuevo libelo donde venía a recordarle al Señor FFFFFFFFFFFFF la petición en la que se pedía su cese y afirmaba, haciendo caso omiso de las Resoluciones Judiciales citadas, que este trabajador había denunciado a sus compañeros sin fundamento alguno.

En verano de 2002, Amnistía Internacional, recogiendo la denuncia de un grupo de funcionarios de prisiones que apoyaban a D. FFFFFFFFFF, publicaba en su informe “Preocupaciones sobre Europa”, la existencia de represalias contra este servidor público después de que cumpliera con la legalidad denunciando un caso de malos tratos. La administración no hizo nada a pesar de que el Síndic de Greuges solicitó que se expedientara a los funcionarios que insultaban y difamaban al Sr. FFFFFFFFF.

Desde el año 1995, varios funcionarios ha sufrido represalias en el trabajo por sus críticas al Sindicato mayoritario, publicadas en diversos medios de comunicación. A raíz de sus informes a Amnistía Internacional, la Sección de Prisiones mayoritaria fue expulsada de USO y se integró en la Central Catac-I.A.C., pero, lejos de atenuarse, las actuaciones de acoso se redoblaron, haciéndose extensivas al entorno social y familiar de los afectados, de manera algunos de los mismos tuvieron que recurrir a la baja laboral porque estos hechos afectaron gravemente a su salud. El propio sindicato Catac reconoció años más tarde (oct. 2003) en un boletín y ante los medios de comunicación que su sección de prisiones, ahora en UGT, era incompatible con el respeto a los derechos humanos de los reclusos.

El Director General de Prisiones de la Generalitat de Catalunya hasta el año 1999, Don Ignasi Garcia i Clavel, afirmó también ante un medio de comunicación, después de abandonar su cargo, que el Sindicato mayoritario de prisiones era contrario a la legalidad penitenciaria.

En Octubre de 2003, la Universidad de Barcelona, hizo público un estudio en el que se citaba el informe sobre la investigación sindical de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas. De dicha investigación se desprendía que el Sindicato mayoritario era el responsable del endurecimiento de la vida de los presos y del fomento de una ideología que se había traducido en un creciente número de casos de malos tratos. De hecho, el número de denuncias aumentaba y a raíz del informe se conocieron una docena, cumpliéndose los pronósticos que hicieran D. Jaime Farrerons y otros funcionarios en un informe del año 1999.

En Mayo de 2004, se produjo un segundo motín en Quatre Camins. Una vez abortada la revuelta, fruto, según los amotinados, de repetidos abusos y malos tratos impunes, de doscientos a trescientos funcionarios que no estaban de servicio entraron en la prisión ilegalmente y fueron maltratados una treintena de reclusos. La Administración reconoció en Diciembre de 2004, después de una investigación interna, que los presos habían sido objeto de maltrato, pero afirmaba que no se podía identificar a los culpables. Actualmente el caso está abierto en vía penal, pero visto lo ocurrido con los trabajadores leales al mandato constitucional que denuncian malos tratos, parece dudoso que pueda aparecer testigo alguno de la acusación entre los miembros de este colectivo. Los gestores políticos y administrativos de las prisiones catalanas son totalmente responsables de tan lamentable hecho, que convierte en papel mojado la meta fundamental de la pena de prisión, a saber, la rehabilitación y reinserción de los sometidos a penas de privación de libertad.

La Administración Penitenciaria del Gobierno Autonómico “tripartito” no ha modificado ni un ápice, como acreditaremos a continuación, las formas de hacer de la época anterior. Para empezar el Departamento de Justicia de la Generalitat, que había reconocido los malos tratos por los hechos de Mayo de 2004, cerró definitivamente la vía disciplinaria pese a reconocer el maltrato, en lugar de dejarla en suspenso a la espera de que concluyera la vía penal, con lo cual fomentaba la impunidad y, por ende, la perpetuación de dichas conductas delictivas. La administración no tuvo en cuenta los testimonios de los reclusos maltratados, que identificaron a los funcionarios maltratadores con nombres y apellidos, y renunció de antemano a la posibilidad de sancionar a los doscientos funcionarios que entraron ilegalmente en el C.P. Quatre Camins.

En Enero de 2004, se produjo un incidente en la prisión de Brians en la que un interno, el Sr. Don Manuel Valencia Jorge, reducido por la fuerza, fue encontrado muerto. A los pocos días, la nueva Administración archivaba el caso a pesar de los testimonios que afirmaban la existencia de malos tratos y con patentes contradicciones en la versión oficial. Esta irregularidad quedó reflejada en un informe de Amnistía Internacional.

El 29 de Agosto de 2004, a tres meses de los malos tratos masivos de Quatre Camins de mayo e 2004, un nuevo incidente en la prisión Modelo de Barcelona dio lugar a una denuncia. Sorprendentemente, las cintas de las cámaras que habían grabado los hechos y el Walkman con el que supuestamente, en la versión de los funcionarios, un preso había golpeado a otro, fueron extraviados por la Administración Penitenciaria, lo que no dio lugar, empero, a ninguna actuación disciplinaria por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Posteriormente se han producido nuevos casos de presuntos malos tratos en Brians I, pero la administración, pese a una evidencia que la cuestiona gravemente, dice basarse en la “presunción de veracidad” de los funcionarios para negar toda credibilidad al testimonio de los presos.

Así observamos:

• Que el valor de los testimonios de los reclusos es nulo para la Administración, incluso cuando queda probado por informes médicos que ha habido lesiones incompatibles con la reducción reglamentaria de un preso, e independientemente de que se trate de casos tan graves como la entrada ilegal de 200/300 individuos en una prisión de la Generalitat o la muerte de un recluso tras una reducción calificada de brutal por algunos testigos.

• Que cuando, sin embargo, además de presos aparecen funcionarios dispuestos a testificar, la Administración tolera y hasta fomenta que los trabajadores fieles a la legalidad sean acosados en su lugar de trabajo y fuera de él, encubriendo siempre a los perpetradores y,

• Que, finalmente, si existen pruebas objetivas incontestables como por ejemplo una grabación, éstas desaparezcan con total impunidad.

De lo cual se desprende que, al parecer, un sector de la Administración catalana operaría en el tema de los malos tratos, promoviendo la “ley del silencio” con el fin de amparar a cualquier precio la imagen política de la Institución, sea cual sea el daño que esta pauta de conducta genere en la realización de los fines de reeducación que la Constitución y la Ley prescriben a la Función Pública Penitenciaria española. En efecto, unos servicios penitenciarios que consienten y silencian los malos tratos a sus administrados carecen de toda autoridad moral, tanto a los ojos de los internos víctimas de dichas prácticas, como en general del entero colectivo de reclusos, para llevar a cabo eficazmente medidas de reinserción social de unas personas a las que ella misma pisotea. El simple hecho de no aceptar sus testimonios porque son presos pese a la acreditada existencia de lesiones incompatibles con una reducción normal (cuando ha quedado probado en el caso XXXXXX que los funcionarios pueden mentir y que la veracidad de los informes de servicio queda muchas veces comprometida por el corporativismo), es el mayor daño que puede hacerse a la rehabilitación y reinserción social. Además, la impunidad de los malos tratos anima a los maltratadores a seguir con sus prácticas, hasta que éstas generan reacciones por parte del colectivo de presos, como agresiones indiscriminadas a funcionarios e incluso violentos motines, que ponen en peligro la integridad de la institución y de su personal. A este hecho se suman las constantes represalias que el abajo firmante viene soportando desde el año 1996 por su tarea de defensa sindical y profesional de la legalidad en las prisiones catalanas. Dichas actuaciones hostiles por parte de un sector de funcionarios han sido reconocidas en un informe de la propia administración del año 2005, pero a partir de esa fecha son el secretario de servicios penitenciarios, D. Albert Batlle i Bastardas, la actualmente ex subdirectora general de recursos humanos la Sra. XXXXXXXXXX y el ahora ex director de la prisión de XXXXXXXXXX, D. XXXXXXXXX, quienes, por activa o por pasiva, han emprendido una auténtica campaña de intimidación contra el abajo firmante, que incluye: acoso laboral a su esposa, la funcionaria NNNNNNN, cambios arbitrarios e injustificados de horario, con los consiguientes daños morales y psicológicos, impago de la nómina, baja fraudulenta en la seguridad social, incoación de expedientes sancionadores sin fundamento alguno, incomparecencia en reuniones, negativa a ponerse al teléfono o a recibir al afectado, negativa a dar respuesta al Síndic de Greuges en relación a denuncias presentadas por el acoso laboral. Ahora bien, según el artículo 92 a/ del D. L. 1/1997, de 31 de octubre (DOGC núm. 2059, pág. 12438, de 3 de noviembre de 1997), los funcionarios de la Generalitat “tindran el dret de ser assistits i protegits per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra la seva persona o els seus bens, per raó de l’exercici de les seves funcions”, no obstante lo cual, podemos demostrar con documentación que obra en nuestro poder y apelando al testimonio del abajo firmante y de los funcionarios D. LLLLLLLLLL, Doña M. F. S., Don E. D. S- y Doña MHTA, que la administración no sólo no aplica este precepto en el caso de funcionarios que denuncien casos de malos tratos (lo que deja a dichos trabajadores a merced de las represalias del corporativismo, todo ello con el consentimiento de la administración, que no cumple con su deber de perseguir el delito), sino que incluso es la misma administración la que participa en estas represalias. Todos estos hechos explican la “pasividad de los funcionarios” en la denuncia de los malos tratos a presos constatada por el Síndic de Greuges, puesto que los trabajadores de prisiones en Cataluña saben que no sólo serán sometidos a acoso laboral por parte de un sector de sus compañeros, sino que no pueden esperar ningún apoyo por parte de las autoridades en el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de derechos humanos.


Que el 16 de mayo de 2007, D. BBBBBBBB , secretario del CFP Manos Limpias y en representación de este sindicato, ya presentó una denuncia sobre los hechos, con abundante documentación, a la cual nos remitimos, denuncia que ha venido a ser confirmada por el Síndic de Greuges en su informe correspondiente al año 2007 cuando se refiere a las “actitudes pasivas de otros funcionarios, incapaces de denunciar los hechos”. Dada la base documental que avala esta afirmación y al prestigio de una institución de la propia Generalitat, como es el Síndic de Greuges, entendemos que la fiscalía debe conocer cuál es la situación inherente a los hechos acreditados.

En su virtud,

SOLICITO DE ESA FISCALIA:

Admita la presente denuncia y se proceda a efectuar Diligencias Previas informativas al respecto.


En Barcelona, a 13 de octubre de 2008


EL SECRETARIO DEL SINDICATO

ADECAF


Fdº Jaime Farrerons ******

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